Regulación de los productos de tabaco

En Philip Morris International (PMI) apoyamos una regulación integral de los productos de tabaco basada en el principio de la reducción del daño.

Para que sean efectivas, las políticas de regulación del tabaco deben basarse en evidencia. Las regulaciones deben aplicarse a todos los productos de tabaco y todos los fabricantes de dichos productos, y deben tener en cuenta la opinión de todas las partes interesadas, incluyendo las autoridades sanitarias, las autoridades financieras, los fabricantes de productos de tabaco y otros miembros legítimos de la cadena de suministro de tabaco, los cultivadores de tabaco, y los consumidores. Las políticas regulatorias deben considerar la posibilidad de que sus medidas provoquen consecuencias adversas que vayan en contra de los objetivos de salud pública, como por ejemplo, incrementar la demanda de cigarrillos ilegales, otros productos de tabaco y/o cigarrillos más baratos.

Si bien apoyamos una regulación integral y efectiva del tabaco, no estamos de acuerdo con aquellas regulaciones que impiden a los adultos comprar y consumir productos de tabaco, o que ponen impedimentos innecesarios para la operación del mercado legítimo del tabaco. En este sentido, nos oponemos a ciertas medidas tales como el uso de empaquetado genérico, las prohibiciones de exhibición de productos en los puntos de venta, la prohibición total de la comunicación con los consumidores adultos y del uso de todos los ingredientes de los productos de tabaco.

Este tipo de regulaciones reflejan políticas prohibicionistas que restringen severamente, si no eliminan, la capacidad de las compañías de tabaco de competir en el mercado. Las consecuencias, que muchas veces son pasadas por alto o ignoradas en detrimento de la salud pública, son la apertura del mercado de cigarrillos ilegales, un mercado que no cumplirá con ningún tipo de regulación, que no cooperará con las autoridades reguladoras ni tendrá motivos para actuar en favor del interés público.

Los reguladores, los profesionales de la salud pública y las compañías de tabaco legítimas deben aunar sus esfuerzos para establecer marcos regulatorios integrales basados en la reducción del daño. Deben incluir:

• advertencias sanitarias obligatorias en todas las cajetillas y en todos los tipos de publicidad;
• limitaciones a la publicidad de los productos de tabaco, incluyendo la prohibición de publicidad en televisón y radio;
• restricciones al consumo del tabaco en lugares públicos, incluyendo la prohibición del consumo en los lugares a los que la gente debe acudir o que estén destinados a menores;
• leyes de edad mínima;
• regulaciones de productos, incluyendo la obligación de informar los ingredientes y el contenido de las emisiones de humo;
• penas severas para la venta de cigarrillos falsificados o de contrabando;
• políticas impositivas para el tabaco que estén integradas con las políticas de salud; y
• regulaciones sobre los productos con potencial de riesgo reducido.